Periodismo dominicano (II)

El coyuntural intercambio de opiniones, que no debate, sobre las restricciones a la libertad de prensa, parte casi invariablemente en la República Dominicana de una visión dicotómica. De un lado están, en bloque monolítico, los medios y los periodistas; del otro, el poder político del Estado, y más concretamente del gobierno, con sus ilimitadas capacidades de coacción.

No falta razón retroactiva a quienes sostienen este punto de vista. En la experiencia dominicana, única a la que he de referirme, la coacción gubernamental ha recorrido todos los matices: desde el asesinato aleve de periodistas hasta el intento de ahogamiento económico cuando el gobierno era el principal anunciante. Sin embargo, la complejidad democrática y la dinámica socioeconómica han variado las formas en que el poder político se relaciona con la prensa, y lo que ayer fue una verdad como puño no sirve hoy para explicar la inquietante tendencia a la uniformidad de la opinión pública alrededor de los presupuestos sociopolíticos predominantes.

Atribuyo a la ausencia de una discusión informada –me cuido del lábil adjetivo “teórica”— que en el imaginario de quienes hablan de vez en cuando de estos temas gravite aún la idea de que el gobierno puede influir de manera determinante las políticas editoriales e informativas cerrando la llave de la publicidad, como pudo acontecer décadas atrás. Un razonamiento tal libera del mortificante discernimiento sobre la responsabilidad de los propietarios de la prensa --para los que trabajamos-- en la construcción del perverso entramado de silencio social.

La incursión del capital corporativo y financiero en los medios, que tuvo como pionero a Leonel Almonte, y en particular en la prensa escrita, cambió radicalmente la naturaleza de la propiedad, que pasó de manos de empresarios de la comunicación (o con intereses predominantes en este ámbito), a las de corporaciones que los adquirieron para incrementar su poder de negociación a favor de sus intereses extraperiodísticos. Desde mi punto de vista, ahí está parte sustancial del porqué de la autocensura y de la degradación crítica del periodismo dominicano.

Sostener todavía que el gobierno hala la soga de la publicidad oficial cuando quiere acallar a los medios –en este caso escritos— es uno de los tantos mitologemas que alimentan la presunta oposición medios/gobierno. Desde hace décadas, la publicidad oficial es prescindible para los periódicos, como lo demuestra un minucioso inventario de la publicidad colocada que llevó a cabo, mes por mes desde 1997, una persona que lo puso a mi disposición en 2006, a condición de preservar su anonimato por razones muy personales, cuando junto a Ramón Colombo realizaba un estudio sobre los medios de comunicación para el Banco Mundial. Y hablo de los medios escritos porque, además, parecen ser el insustituible caldo de cultivo en que crece y se reproduce el “periodismo de investigación” en calidad de paradigma del ejercicio profesional.

Parto para corroborar mi planteamiento de los porcentajes de publicidad colocada por los sectores público y privado y por las empresas de los grupos económicos propietarios de los medios. Tomaremos como referencia enero de los años 2001, 2004 y 2006.

En enero de 2001, la publicidad gubernamental en los cinco principales periódicos de entonces, fue el 4.53 por ciento del total. En enero de 2004, cuando la crisis provocada por la quiebra de los bancos Intercontinental y Nacional de Crédito estaba en su fase más aguda, la participación de la publicidad gubernamental en los periódicos El Nacional, Diario Libre, El Nuevo Diario, El Caribe, Hoy y Listín Diario fue de 8.9 del total, un importante crecimiento respecto a nuestro primer año de referencia. Dos años más tarde, en enero de 2006, cuando el gobierno de Leonel Fernández había logrado el “milagro” de hacer reflotar la economía, esta inversión fue de 8.8 %, un 0.10% menos que en los momentos en que el tsunami de la quiebra de los bancos se comía vivo el bienestar de los dominicanos.

La publicidad privada fue, en ese mes y años, y para los periódicos correspondientes, de 72.34 por ciento; 78.9 por ciento y 86.11 por ciento. La de los grupos fue de 10.45 por ciento; 9.12 por ciento y 9.28 por ciento. Huelga decir que este último promedio no refleja cómo los grupos de las corporaciones colocaron publicidad en sus propios medios. Por ejemplo, en enero de 2006, la colocación de las empresas del Grupo Corripio en los periódicos El Nacional y Hoy fue de 20.21 por ciento y 19.73 por ciento, mientra que en el Listín Diario, con Baninter desaparecido y el resto de las empresas bajo administración secuestraria, fue apenas de 0.15 por ciento.

Los porcentajes precedentes se basan en pulgadas de publicidad colocada, y son un indicativo del peso sectorial en la rentabilidad económica de los medios escritos. Pero aun si, como acontece, entre medio y anunciante privado se establecen condiciones que afectan los precios –lo que, en general, no sucede con la publicidad gubernamental colocada directamente—, la diferencia porcentual sigue otorgando al sector privado una clara preeminencia como fuente de ingresos.

Más aún, según un informe sobre inversión publicitaria por medio elaborado por la agencia publicitaria Cumbre Nazca Saatchi & Saatchi en 2005, los diez primeros anunciantes en 2003 fueron, en este mismo orden, Plaza Lama, Codetel, Cerveza Presidente, La Sirena, Supermercado Nacional, Banco del Progreso, Banco Popular, Plaza Martí, Supermercado Jumbo y Aster TV. En 2004, año electoral y de fuerte contracción económica, el Partido Revolucionario Dominicano encabeza la lista de los diez principales anunciantes, seguido de Codetel, Banco Popular, Partido de la Liberación Dominicana, Cerveza Presidente, Banco de Reservas, Pinturas Tropical, Supermercados Nacional y Supermercado Jumbo. Al año siguiente, en 2005, Plaza Lama recupera el primer lugar, seguida de la Cervecería Nacional, Verizon, Grupo Financiero Popular, Distribuidora Corripio, La Sirena, Supermercado Jumbo, Banco de Reservas y Supermercados Nacional.

Nada indica que este comportamiento de la colocación publicitaria haya cambiado. Lo que sí es un fenómeno indetenible –y en el corto plazo, inmodificable— es la convergencia de poderosos grupos económicos distintos en la propiedad de los medios, lo que viene a constituirse en una nueva (y perniciosa) forma de concentración. La mayoría de los medios no pertenecen más a un solo grupo o individuo, sino a corporaciones que ponen sus huevos en todas las canastas. Expresión reciente de esta conversión de los medios en vasos comunicantes de los intereses corporativos es la adquisición del periódico Listín Diario por los grupos Corripio y Vicini, socios ya, por lo menos hasta 2006, en Teleantillas, donde el último de ellos tenía el 13.57 por ciento de las acciones a través de Alfax, C. por A.

Un primer resultado destacable, entre muchos otros, de este entrecruzamiento de capitales es la “razonabilidad” de la competencia pública de las empresas y la prevalencia de un discurso de prensa homologado, frente al propio sector privado y frente al gobierno. Dicho coloquialmente, entre bomberos no se pisan la manguera, y ahí está la propiedad común de los medios para evitarlo.