Libertad y responsabilidad

La ministra francesa de Relaciones Exteriores, Michèle Alliot-Marie, está en dificultades desde hace semanas. La oposición pide su cabeza desde que los medios de comunicación, en sus ediciones impresas y digitales, publicaran que viajó a Túnez de vacaciones en el avión privado de un empresario cercano al ahora derrocado Zine el Abidine Ben Ali cuando ya las protestas habían dejado tres muertos.

Alliot-Marie se ha defendido alegando que hizo uso del avión de Aziz Miled por la “antigua amistad” que los une.

Después, el periódico “Le Canard Enchaine” publicaría que no solo Alliot-Marie tenía tanta amistad con Miled que le aceptó el ofrecimiento de su avión privado, sino también sus padres, que en un viaje a Túnez compraron una inmobiliaria al espléndido amigo de la funcionaria.

Me enteré del caso escuchando a Radio Francia Internacional y después lo he leído en periódicos. El pedido de dimisión, que al parecer no sucederá como tampoco la destitución por Nicolás Sarkozy, es el reclamo no de conspiradores, sino de un sistema político que, pese a todas sus demostradas corrupciones, no acepta que sus altos funcionarios se tomen este tipo de licencias porque vulneran la institucionalidad y ofenden la imagen pública de Francia.

Desde luego, dirán los cínicos, eso es en Francia. Aquí, en esta republiqueta todo está permitido y cuando algo de ese todo es criticado o hecho público por los medios que se atreven, algunos salen con la adarga en brazo a combatir la conspiración, la falta de responsabilidad profesional y deseo perverso de hacer daño de quienes critican o publican.

El pasado 17 de febrero, el periódico 7dias.com.do se hizo eco de una nota aparecida en el periódico español El Mundo dando cuenta de un supuesto “megafraude” inmobiliario en Estepona, Málaga, donde sale a relucir el nombre del presidente Leonel Fernández porque, junto al príncipe Alberto de Mónaco, se le pide una “declaración testifical” sobre las razones de su presencia en la ceremonia de primer picazo del multimillonario proyecto turístico Punta Perla, en la provincia La Altagracia. Sucede que el principal accionista de este proyecto estaría implicado en el fraude de Estepona.

A partir de esa publicación, son incontables los medios digitales, que no escritos, que han dado seguimiento al caso, ventilado no solo por El Mundo, sino también por otros periódicos españoles de aceptada solvencia profesional, como El País y ABC. Ni hablar de los medios malagueños.

Si al conflicto que ha provocado la mención del presidente Fernández subyacen intereses empresariales, no es cosa que interfiera con la responsabilidad, esa sí que profesional, de informarle al país que su gobernante aparece como solicitado para testimonio en un escándalo de corrupción en España.

Puede ser que como alega el empresario Ricardo Miranda Miret, la inclusión es injusta o injustificada, pero tampoco cambia nada al hecho cierto de que el abogado marbellí Antonio Flores pide al presidente Fernández una declaración testifical.

El mismo abogado Flores, que atribuye al príncipe Alberto haber cobrado por prestar su imagen para promover a Punta Perla, piensa que Fernández actuó movido por el interés del país en desarrollar el turismo. Quizá tenga razón en ambos casos, pero tampoco esto justificaría que se guarde silencio sobre el hecho. El mencionado no es “Juan de los Palotes”, sino el presidente Fernández.

Hay quienes alegan, para tratar de demeritar la publicación de la noticia que afecta al presidente Fernández, que a este le era poco menos que imposible declinar la invitación de “un príncipe” a acompañarlo en una ceremonia privada.

Quienes así discurren no ofrecen constancia de que el príncipe Alberto fuera el invitante. Pero aún en el caso de que lo fuera, hubiera sido deseable que el presidente Leonel Fernández sopesara su participación, y esto por dos razones fundamentales.

La primera es que al momento del famoso picazo en Punta Perla, Mónaco estaba aún en la lista “gris” de paraísos fiscales de Europa elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODCE); es decir, Mónaco es un lugar donde amparados por el secreto bancario podían ser lavados todo tipo de capitales. La condición de su minúsculo principado no era por tanto un aval para el príncipe.

La segunda es que el presidente no está obligado a prestar su imagen para que sea utilizada como un plus en proyectos privados. Su presencia allí, como tampoco la de Alberto, era meramente social. Lo buscado por los inversionistas, entre otras cosas, era dar “prestigio” real al proyecto y seguridad presidencial de que la inversión no corría riesgos. Una estrategia de mercadeo de cara a los potenciales adquirientes. Si ya es demasiado tropical que Fernández inaugure cualquier obra de su gobierno, lo es muchísimo más que asista a actividades de inversionistas que se establecen en la República Dominicana porque sacan ventajas, no porque son altruistas. Mas en este caso en particular hay otra circunstancia que el presidente Fernández pudo haber tomado en consideración al momento de decidir su asistencia: ese proyecto estuvo precedido por una litis judicial, y al parecer continúa estándolo.


¿En nombre de cuál responsabilidad profesional deben ser calladas estas cosas?