Aunque no lo quieran ver, estamos jartos

Cuando anunció su pretensión de reformar la Constitución, en fecha de la cual no quiero acordarme, el presidente Leonel Fernández, tan hiperbólicamente asertivo como siempre, dio por iniciada “la revolución democrática” dominicana.

Trazó una nueva la raya de Pizarro –que en eso tiene la balaguerista experiencia de 1996-- entre la guabinosa democracia precedente y la que fundaría la nueva Constitución leonelista. Él, el iluminado, haría posible que la democracia dominicana adquiriera cualidades modélicas.

Mentira, como casi todo lo que dice y promete. Pura retórica vacía para encubrir vergonzosamente el proyecto neoconservador del cual es adalid. Burda manipulación de un proceso social que, reclamado desde hace muchos años por la población (que no ciudadanía), se convirtió en sus manos en instrumento de su propia construcción de representante indiscutible e indiscutido de los sectores más conservadores de la sociedad dominicana.

La realidad política le jugó, sin embargo, una mala pasada, aunque no por razones ideológicas: el número de manos propias levantadas no era suficiente para concretar su proyecto y las adicionales reformistas resultaban onerosas. Fue entonces cuando recurrió al “opositor” Miguel Vargas Maldonado, el mismísimo con el que no quiso debatir durante la campaña electoral de 2008 por su incapacidad de “conceptualizar”. El mismísimo al que miró desde la altura de su Olimpo teórico y le pareció siempre un insignificante insecto infrapolítico.

Mas la necesidad tiene cara de hereje. Vargas Maldonado, dispuesto a negociar sin condiciones, quizá acatando las opiniones del estratega neoperredeísta Andy Dahuajre, le sacó en junio las castañas del fuego a Fernández. Dicen algunos que lo hizo porque, como el insoportable Horatio Caine de CSI Miami, confía en que es el papaúpa de la matica. Yo pienso, y no creo estar equivocada, que cambió el oro de la tradición liberal perredeísta por la baratija de la pretensión de quitarle a Leonel Fernández parte del respaldo de los sectores más conservadores de la sociedad dominicana, cuyo odio genético por el PRD está más que documentado. Si fue candor, el de Vargas Maldonado termina donde comienza su coincidencia con Fernández, que no es otra que la interpretación antidemocrática, autoritaria y neoconservadora de la sociedad. Para ambos, el poder es corporativo. Chapó.

Por eso Fernández y Vargas Maldonado pactaron entre ellos en junio y volvieron a pactar en fechas sucesivas a través de sus representantes en la Asamblea Revisora. Gracias a estos pactos, el proceso de reforma constitucional ha terminado por parir un monstruo que, por suerte para el país, devorará a sus padres más temprano que tarde. En previsión, crucemos los dedos.

Como dijera hoy Hipólito Mejía –sí, ese mismo--, Fernández y Vargas Maldonado han creado una asociación para proteger sus respectivos intereses políticos y empresariales. Un “Joint-venture”, digo yo, que invierte en la conversión del país en el paraíso de la impunidad del gran capital. No por casualidad la Asamblea Revisora dio marcha atrás y desconoció en tercera lectura que las playas son incondicionalmente de dominio público –principio que había aprobado en las dos lecturas reglamentarias— el mismísimo día en que Gustavo Cisneros y su bella hija anunciaban en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio que comprarán a Miches con dos mil millones de dólares. Dinero que no pueden invertir en comprar playas en Venezuela porque Hugo Chávez, que no es santo de mi devoción, tiene reglas que no lo permitirán jamás.

Ya lo dijo el sangre azul de Andrés Henríquez, asambleísta del derechizado nuevo PRD que Vargas Maldonado construye a golpe de exclusiones: la supeditación del acceso a las playas al interés privado evita que “turbas barriales” penetren a los complejos hoteleros para comerse desde la picadera hasta el bufé. Más claro, ni el agua.

Son estas opiniones, y no las enviadas a la prensa el 5 de octubre como declaración personal por Enrique de Marchena Kaluche felicitando a los asambleístas, lo que la plagiaria Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) debe reproducir sin sonrojos como propias, que de retorcimientos estamos ahítos los dominicanos y las dominicanas. Además, el sector empresarial turístico cuenta con la bendición del presidente Fernández y del “opositor” Vargas Maldonado, razón suficiente para hacer reserva de detritos.

Pero ¿saben qué? La gente esta jarta, aunque los descerebrados de los partidos no se percaten. Esta “jartura” la expresaron muy creativamente esta tarde de viernes frente a la sede de la ignominiosa Asamblea Revisora centenares de jóvenes cuya rabia política es temible. Yo estuve allí. Junto a mi entrañable Ramón Colombo extendí una toalla playera y sobre ella una suculenta olla de espaguetis. Puro metamensaje de dos que creen saber algo de comunicación. Ni él ni yo presumimos de ser el oráculo de Delfos, pero coincidimos en ver en el porvenir de nuestros “líderes” políticos un infartante atragantamiento. Amén.

Para ahorrar, eliminemos derechos

Estaré de acuerdo sin pestañear con quien afirme, con o sin rotundidad, que el Estado dominicano gasta con un desparpajo obsceno lo que sale de nuestros decorosos y laboriosos bolsillos.

Y porque es así, secundo a Jaime Aristy Escuder, precandidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, cuando propugna en declaración reciente que el Estado mueva la colita para deshacerse de todo aquello que lo sobrecarga financieramente. Pero hasta ahí llego porque a seguidas hace una propuesta de ahorro que me parece social y políticamente descaminada: eliminar una serie de secretarías de Estado y de instituciones y concentrar sus competencias respectivas en una megasecretaría de la Familia.

La propuesta fusionista de Aristy Escuder me huele a absoluta incomprensión de lo que significó, hace casi 20 años, la caída del Muro de Berlín. Los martillos que terminaron con el muro no desmigajaron piedras: hicieron polvo una ideología que no reconocía más que dos actores sociales: el proletariado y una burguesía antropófoga.

Para ese derrotado modelo de interpretación social, del que participaban en el país las izquierdas radicales y el entonces centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana, el problema de las mujeres no existía como problema específico, como tampoco existían otros ajenos al polo proletariado-burguesía. A las mujeres se las empaquetaba junto con los niños, los envejecientes, los minusválidos, los enfermos de cualquier patología y hasta con las putas a las que había que “regenerar” para que no contaminaran la familia. Este paquete tumultuoso se enviaba en un vuelo charter teórico hacia la felicidad del socialismo que resolvería, todos juntos, los problemas de “La mitad del cielo” es decir, las mujeres.

Tantos años después, cuando ya nadie discute la pluralidad de la sociedad moderna y los nuevos sujetos sociales han logrado derechos que refrendan leyes nacionales y convenios internacionales, Aristy Escuder propone la creación de una secretaría de la Familia que succione las secretarías de la Mujer y de Juventud, el “Consejo Nacional de la Niñez” (que después de la aprobación por el gobierno de Hipólito Mejía de la Ley 136-03 se llama Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia), el Consejo Nacional para los Discapacitados (Conadis), el Organismo Rector del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Pro Comunidad, la Dirección General de la Comunidad, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, el Gabinete Social y el Despacho de la Primera Dama, “entre otros programas creados mediante Decreto”.

O sea, me digo frente a esta propuesta, que la calidad de sujeto que las Ciencias Sociales en ruptura con el marxismo-leninismo-estalinismo les reconocieron a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y niñas, a los envejecientes, a los sin techo, a los pobladores barriales y a los marginales, por ejemplo, son para Aristy Escuder monstruos creados por el sueño de la razón democrática.

O sea, me digo también, que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1981); la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989); la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (2005); la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), etcétera, todos firmados por el Estado dominicano y que, por tanto, forman parte del bloque de constitucionalidad dominicana, son mero papel reciclable para usos más higiénicos.

O sea, ahora me pregunto y no me digo, entre un posible candidato alérgico a la disidencia que conmina a abandonar el PRD a quienes no estén de acuerdo con Miguel Vargas Maldonado, y otro posible candidato que quiere anular todo lo que las mujeres –para hablar solo de mi género— han conseguido durante años de batallar constante contra izquierdas y derecha recalcitrantes, ¿por cuál voto?