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sábado, 26 de noviembre de 2011

El Congreso contra los pobres



Leí  recientemente la anécdota según la cual durante la Segunda Guerra Mundial un oficial alemán visitó a Pablo Picasso en su taller de París y al ver el “caos” del Guernica le preguntó: “¿Esto lo ha hecho usted?”, a lo que el pintor respondió: “No, ustedes lo hicieron”.

Utilizada por Slavoj Žižek en su libro Sobre la violencia, sirve al autor para desmontar la falacia implícita en buscar la violencia que llama “subjetiva” en malvados concretos, sean individuos o instituciones. Le sirve para denunciar la hipócrita elusión de la responsabilidad del que enjuicia en las causas generadoras del hecho violento que lo escandaliza.

Los legisladores dominicanos están creando nuevas normas legales con la perversa falta de culpa del oficial alemán frente a la historia de horror que narra el Guernica. Teniendo la sartén por el mango, aumentan penas, establecen nuevos plazos para la prisión preventiva, consagran la posibilidad del allanamiento nocturno, hacen con la ley, en fin, lo que les viene en ganas sin otro criterio “normativo” que el propósito, dicen, de atajar la criminalidad e inmoralidad que nos arropa y restituirle a la sociedad la paz perdida.

Se proclaman, y actúan en consonancia, los cruzados de la justicia y la sanidad social. Y como pueden hacer leyes de espaldas a la opinión de todos, concretan en estas o en las reformas de las existentes la vocación autoritaria que lastra al país.

Todos los juicios que emiten para justificar su conducta son apodícticos y conducen a decisiones inapelables: para controlar la delincuencia juvenil,  reforman el Código del Menor y aumentan las penas. Para prevenir que la cacareada –aunque no demostrada—indulgencia de la justicia ponga en la calle a narcotraficantes y delincuentes, modifican el Código Procesal Penal.  Si el comercio sexual infantil no puede ya ser tapado con un dedo, someten un proyecto de ley que otorga al Estado la potestad de controlar el acceso a internet en los sitios públicos para “evitar” que la pornografía llegue a la población infantil y adolescente. Si las trabajadoras sexuales “irrespetan” los monumentos patrios al ejercer el oficio en sus alrededores, molestan a los turistas y afean el paisaje, presentan un proyecto para crear una zona de tolerancia. Si de pronto alguien comenta con algún legislador sobre la pésima ortografía dominicana, al día siguiente recibe la cámara  un proyecto para multar estas agresiones al lenguaje y, encima, el ministro de Cultura lo apoya.

La ley, por tanto, no como garantía de derechos sino como dogal y el  Congreso como empresa de fumigación cuando, en buena lid, debe ser el Congreso el urgentemente fumigado de las escandalosas corrupción e incompetencia que lo desacreditan.  Ningún razonamiento, en el sentido inteligente de la palabra, ni discusión integral e informada de los problemas, ni asomo de respeto por las opiniones de los convocados a la pantomima de las vistas públicas.  Tan solo el uso arbitrario del poder de legislar y la alharaca de una moralidad de pacotilla. Son mastodónticos elefantes en la cristalería de la ya bastante lacerada democracia dominicana.

Ninguna de estas modificaciones y nuevos proyectos lograrán controlar nada porque la fiebre no está en la sábana. Está en la pobreza, en la escandalosa desigualdad social, en la falta de oportunidades, en la impunidad del delito de cuello blanco, en la corrupción del sistema político, en la sentina en que han convertido al país quienes lo mandan y han mandado.  Frente a las consecuencias de tantas inequidades, deberían saberlo los legisladores, no vale cerrar los ojos.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Moncada, González y la dudosa condena de la violencia

La muerte de Guillermo Moncada a manos de Rafael González es un hecho de violencia extrema inadmisible e irreparable. En términos jurídicos, quizá la defensa encuentre atenuantes; moralmente, no tiene ninguna.

No conocí a la víctima ni conozco al victimario. Pero como muchos cientos de dominicanos y dominicanas he sido impactada por el suceso y la avalancha de opiniones, casi en su totalidad y parejamente condenatorias de González, a veces con los peores epítetos, y de exaltación de las bondades de Moncada.

A diferencia de otros casos, de esos que también produce cotidianamente la violencia personal y social que nos arropa, este ha sido inusitadamente mediatizado. Que así haya sido tiene que ver con el escenario del suceso, un barrio de clase media, y con el estatus de los desgraciados protagonistas, personas con una amplia red de relacionados profesionales y de otra índole, con una relativa facilidad para la creación de opinión pública.
También han contribuido voluntariamente algunos medios, cada vez más proclives a la dramatización y espectacularización de las informaciones. Siguiendo esta ya frecuente práctica, estos medios se han erigido en jueces o han servido de tribuna para que otros, adoloridos por la tragedia, dicten su inapelable veredicto.

Así, lo que pudo haber servido para motivar una reflexión colectiva sobre la violencia y sus efectos en las relaciones interpersonales y sociales, se ha convertido en dinamo de otras formas de violencia. Basándose en antinomias –la ejemplaridad y la psicopatía--, el discurso de la solidaridad con los agraviados no procura justicia, procura venganza. Casi un ojo por ojo y diente por diente del que  serían instrumento los jueces que deberán decidir la suerte inmediata del victimario. La violencia que se dice condenar se vierte torrencial en la propia condena.

Un gesto presuntamente fraterno me confirma lo que llevo dicho: de cada –o casi— balcón del edificio en que sucedió la tragedia cuelgan letreros con la leyenda “No queremos vivir con familias violentas”: simbólica orden de expulsión y condena moral de terceros no partícipes en el hecho sangriento. Juicio ético de los “buenos” a los “malos” que los condena al ostracismo social y espacial.  Desliz, sin embargo, de esa pretendida supremacía: los buenos, en sus pancartas, no condenan la violencia como hecho que daña la vida en sociedad y desconoce derechos humanos fundamentales;  quieren desplazarla fuera de su territorio, que no los amenace a ellos, que no los perturbe. Quizá sea legítimo, pero ahí se queda.