¿Pueden los medios promover una cultura de transparencia?

Quiero asumir como pregunta lo que en el título de este panel aparece como premisa implícita; es decir, que los medios de comunicación tienen un papel que cumplir en la promoción de la cultura de transparencia. Término polivalente y en boga desde hace más de una década, el de “transparencia” corre permanentemente el riesgo de ser mero aditamento de un discurso político voluntariamente prolijo e irremediablemente difuso. Parto entonces de preguntarme si los medios de comunicación tienen el poder real de promover la cultura de transparencia, entendiendo por ella la práctica social colectiva de exigir que todos los hechos del Gobierno y de los poderes del Estado, salvo las excepciones contempladas por las leyes, gocen de una irrestricta publicidad. Hablamos de lo que en el lenguaje de las Ciencias Sociales actuales se denomina “empoderamiento” del ciudadano común para ejercer un control más o menos directo sobre los actos de la autoridad pública en beneficio de la legitimidad democrática.

Dada la influencia que se atribuye a los medios de comunicación en la creación de la opinión pública, la presunción que sirve de contexto a este panel no estaría descaminada, por lo menos en teoría. Algunos hechos recientes tienden a reforzarla. Me refiero a las serias y documentadas denuncias hechas por nuestra colega Nuria Piera sobre la insuficiencia proteínica de la lecha servida en el desayuno escolar y sobre el nepotismo y la corrupción en la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT) y en el Programa de Reducción de Apagones (PRA). Contra toda lógica ciudadana, empero, en ninguno de los tres casos denunciados la sanción ha ido más allá de la separación del cargo de los titulares, e incluso no puede afirmarse, sin riesgo de error, que el prolongado escándalo del suero lácteo brindado a los niños de las escuelas pública sea la razón eficiente por la cual, casi ocho meses después, Alejandrina Germán fuera sustituida en la secretaría de Educación.

Si convirtiéramos la premisa en hipótesis, la validación empírica no podrá sustraerse a echar una mirada a los propios medios de comunicación y a contrastar sus prácticas informativas y líneas editoriales con el deseable papel de hacedores de cultura democrática. No es novedad que los medios de comunicación han sido siempre blanco de las críticas más acerbas, ni que la criticidad del público va en crecimiento en todo el mundo occidental alimentada por factores muy diversos. Ya en el siglo XIX, Honorato de Balzac afirmaba que “el periodismo es la plaga de este siglo”. En su libro El crepúsculo del deber, publicado en 1992, el filósofo francés Gilles Lipovetsky atribuye a los públicos pensar que “los medios degradan la democracia y convierten la política en espectáculo, destacan los hechos secundarios, atentan contra la vida privada, hacen y deshacen arbitrariamente las notoriedades, superficializan los espíritus, dicen cualquier cosa. Sin moral, los media solo tienen un objetivo: que se hable de ellos, que se venda su ‘mercancía’”. Como vemos, en poco más de un siglo la opinión sobre la prensa y los periodistas no cambió para mejor. Más aún, el autor cita estadísticas según las cuales un año antes de la aparición de su texto, en 1991, las dos terceras partes de los franceses tendían a no creer en lo que dicen los medios de comunicación.

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y particularmente la Internet, han contribuido de manera notoria al ahondamiento de la desconfianza que suscitan los medios, sobre todo porque los han hecho progresivamente prescindibles. La posibilidad de intercambiar información en tiempo real y sin mediaciones profesionales, de tener un espacio personal y compartirlo, de participar en redes sociales cada día más vastas, da al cibernauta poder sobre su propia opinión. Todo apunta, por tanto, a que la verdadera democratización y horizontalidad de la información se dará –de hecho se está dando— en el ciberespacio, olvidados sus protagonistas de los medios de comunicación tradicionales, incluidos los electrónicos. Este proceso no es parejo y simultáneo porque el acceso a la Internet, caso emblemático, es marcadamente diferente entre los muchos mundos que coexisten en el planeta, y esto condiciona la vigencia de los medios tradicionales según el contexto.

No aventuro que fruto de las numerosas y creativas nuevas formas de comunicación que hace posible la web, y mucho menos en un corto plazo previsible, el periodismo desaparecerá de la faz de la tierra. Simplemente acepto lo que los especialistas prevén con creciente certidumbre: la transformación del periodista hasta, muy probablemente, borrar su código genético.

¿Por qué aludo a estas cuestiones? Lo hago porque creo, reitero, que todo análisis de las posibilidades sociales de los medios de comunicación está obligado a pasar por el campo minado que representan para ellos las nuevas tecnologías y por el no menos explosivo de la pérdida de crédito público provocada por una conjunción de factores que sería prolijo enumerar, pero entre los que resalta su sujeción, en casi la totalidad de los casos, a una estructura de propiedad que se complejiza y que, en la misma medida, establece compromisos que enajenan la capacidad de hurgar en la llaga de la corrupción pública o corporativa.

Lejos de lo que pueda parecer por lo dicho hasta aquí, no sostengo una visión pesimista del quehacer periodístico y sus posibilidades de ayudar a mejorar nuestra democracia e institucionalidad. Reconozco los avances que en materia de transparencia se han producido en la sociedad dominicana de las dos últimas décadas, de la cual es ejemplo paradigmático, aun cuando su uso ciudadano y periodístico es limitado, la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública que sienta las bases para el reclamo protegido de datos sobre la gestión pública. Lamentablemente, la administración sigue siendo tozudamente reacia a abandonar el secretismo, a desapropiarse de la información cual que sea su calidad y relevancia. Estas reservas frente al escrutinio ciudadano no son inocuas. El Estado ha sido fuente de acumulación originaria de la clase política, por lo que toda indagación es vista con suspicaz ojeriza y recibe una respuesta elusiva. En el caso concreto de la solicitud de documentos relativos al metro hecha por el periodista Huchi Lora a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), a través de su titular Diandino Peña, fue el propio presidente Leonel Fernández quien explicó durante un almuerzo de los medios del Grupo Corripio las razones jurídicas que, desde su enfoque, podían ser válidamente esgrimidas para denegar la petición.

De lo anterior se desprende que si bien es un progreso notorio, la sola existencia de la Ley 200-04 no es garantía de transparencia ni un incentivo a la generalización de su demanda. No me consta la cantidad solicitudes de información hechas a su amparo, pero si me atrevo a decir, esta vez sin temor alguno a equivocarme, que un porcentaje muy bajo proviene de los medios de comunicación, particularmente los escritos. El entramado económico, la vinculación de intereses diversos en la propiedad y los vínculos políticos a los que da lugar, ha ido limando las aristas críticas de los medios de comunicación hasta dejarnos frente a un periodismo romo, cuya estrategia informativa es la actualidad cotidiana mediada por periodistas que según afirmaciones documentadas del colega Juan Bolívar Díaz, sirven directa o indirectamente al Gobierno por un salario contante y sonante.

Como todo absoluto, carece de base razonable afirmar que los medios de comunicación son indiferentes a la falta de transparencia de las autoridades o a la corrupción, interpretada casi invariablemente como conducta privativa de la administración pública. Y es que tampoco ellos son inmunes a las exigencias sociales de mayor probidad en el manejo del Estado y del gobierno y porque a la lógica empresarial no escapa que la acriticidad absoluta resulta en perjuicio irreparable de la credibilidad, de la amplitud del rango de lectores, radioescuchas o televidentes y, por vía de consecuencia, de las ventas publicitarias. Aun en países de desarrollo medio como el nuestro, el consumo informativo es expansivo: va desde la televisión por cable al Internet y la infinita gama de posibilidades que este abre, hasta la elevación del nivel educativo y las influencias culturales recibidas a través del contacto directo con otras realidades y culturales. Todo ello contribuye de manera preponderante a una relación más dinámica entre las personas y los productores institucionales de información en un contexto en que, adicionalmente, circulan como parte del discurso social cotidiano conceptos como el de transparencia y ética pública incorporados a las demandas que la sociedad y sus organizaciones representativas hacen a sus gobernantes. En opinión de Lipovetsky, existe un “mercado de la verdad” donde un público creciente demanda información de calidad, precisiones e investigaciones en profundidad, forzando la vigilancia de los medios frente a sus propios contenidos. Son estos nuevos valores sociales, surgidos en un dilatado proceso de democratización, los que impiden que el 1984 de Orwell se concrete nunca. No olvidemos, sin embargo, que como señala igualmente el autor y podemos comprobarlo en la realidad mediática dominicana, hay también un segmento importante de la población cuya preferencia se inclina por un periodismo basado casi exclusivamente en el escándalo y poco transparente él mismo, que sería indiferente a la ausencia de ética en los medios de comunicación.

Vuelvo al punto de inicio para dar mi versión sobre la premisa del panel respecto del papel de los medios en la promoción de una cultura de transparencia. En mi opinión, los medios de comunicación, en tanto que tales, no están en mayor capacidad que otros actores sociales para llevar a cabo esta promoción. A lo sumo tienen, y en el supuesto de que la adopten como finalidad deontológica, la ventaja no desdeñable de poder difundirla a un mayor número de públicos. Que esto se concrete con éxito aceptable dependerá de la relación que la sociedad civil organizada establezca con los medios de comunicación y de las propias dinámicas ciudadanas a favor de la transparencia.

Texto leído en la Mesa Redonda sobre Transparencia y Gobernabilidad con el tema “Rol de la prensa en la promociòn de una cultura de transparencia, auspiciada por la FINJUS y la USAID, el 14 de mayo de 2009.