Que la Junta Central Electoral me responda

La magistrada electoral Aura Celeste Fernández, que no es fácil, que nunca ha corrido detrás de los aplausos ni buscado salir indemne de la ímproba tarea de gustar “urbi et orbi”, como si fuera monedita de oro, agita con sus denuncias recientes las aguas aparentemente apacibles de la Junta Central Electoral.

Aura Celeste Fernández objeta transferencias, pide informes… y logra encabritamientos. Contra ella bufan tirios y troyanos, coincidentes en la recomendación de lavar en casa y discretamente los trapos sucios para que nadie se entere de las inmundicias acumuladas. Sucede, sin embargo, que esos trapos son dineros públicos y que lavarlos al sol es, en el caso de las autoridades, una obligación legal y ética de transparencia. Claro está, siempre que la probidad no sea mera pose sino visceral determinación institucional, política y personal de no ocultarle absolutamente nada al pueblo, para quien Jean Jacques Rousseau pensó el concepto de soberanía.

Si Aura Celeste Fernández es excesiva, aspaventosa y calumniosa cuando denuncia el manejo antirreglamentario de los fondos de la JCE, y específicamente de los correspondientes a la Cámara Contenciosa, de la que es parte, no es esa la cuestión principal a dilucidar. Lo es, y de forma apremiante, esclarecer la veracidad de la denuncia per se, para que si resulta infundada a nadie le quede dudas de que la denunciante carece de razón y el resto de los jueces es impoluto. Es decir, la cuestión no se circunscribe a si la magistrada peca o no de necia y quisquillosa, que esto es un asunto personal y nada tiene que ver con lo institucional. Lo que importa es saber si yerra en su querella, cuestión que la mayoría de los jueces electorales han tratado de soslayo o con sonoros golpes de pecho. En uno y otro caso, lo que han hecho es escurrir el bulto, evitando comprometerse con poner las cuentas claras frente a una sociedad que, para malsano regocijo de muchos, parece tener anestesiada su capacidad de asombro.


A mi, la verdad, me resulta inaceptable que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario, diga que ofrecerá la información requerida por Fernández cuando lo considere oportuno (hay una manera popular de decir lo mismo, igualmente demostrativa, aunque más sincera, del talante autoritario de quien pronuncia la sentencia: cuando le salga de “los forros”.)


Nuestra democracia podrá ser una de pacotilla, pero eso no exime a los funcionarios –y menos a los electorales— de guardar las formas; hipocresía, lo reconozco, que contribuye generosamente a nuestro desconcertante segundo puesto mundial de pueblo más feliz.

Yo, que me cuento entre quienes desdicen de la estadística sobre la felicidad dominicana y no transigen ni siquiera con las más venturosas y risueñas hipocresías blancas, digo que no, que Rosario se equivoca de medio a medio; que su obligación de funcionario público es poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, no cuando le de la gana y le salga de los forros sino cuando cualquiera lo reclame, el dato que permita hacerse una idea de cómo se manejan los recursos que nos sacan a todos de las costillas.


El sentido de oportunidad de Rosario es cualquier cosa menos democrático. Peor aun, viola flagrantemente la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública y lo hace pasible de sanción... salvo que esté en la larguísima lista de impunes que averguenzan a los menos. Rosario, que es juez de uno de nuestros más neurálgicos procesos políticos, se sitúa voluntaria y manifiestamente en contra de la ley y ofende la ciudadanía (en mi artículo anterior dije de la mía es autárquica y que para sobrevivir fagocita ilusiones) de los que propugnan el respeto a la legalidad.


La información que pide Aura Celeste Fernández no le pertenece en patrimonio a Roberto Rosario, y ni siquiera a la solicitante. Le pertenece al país y ningún funcionario tiene el derecho a decir que se la guarda sin que eso tenga consecuencias graves.


Pero como soy cada vez más cauta en el uso en mis escritos y en mi lenguaje privado de esa “maldita tercera persona del plural” (lo improvisa María Jiménez y yo me rindo gozosa, como lo hago ante cualquiera de las cosas que ella dice), subrayo, dueña de mi misma, la primera del singular y exijo que las preguntas de Aura Celeste Fernández me sean respondidas a mi, es decir, a la persona “yo”, por Roberto Rosario y por Julio César Castaños Guzmán, ahora, y no después, que es mi plazo perentorio, porque la información que tienen en sus manos no es de ellos, sino mía, que soy la mandante, la soberana. Retenerla es robarme, y robar convierte en delincuente.

¿O estaré tragándome otra vez una atragantante guayaba? Que también me respondan ellos.