El comunicado publicado el pasado lunes por el Ministerio de Hacienda bajo el título “Recursos destinados a la educación 1996-2011”, tuvo el claro objetivo de contrarrestar el apoyo ciudadano al llamamiento de la Coalición Educación Digna a exigir el cumplimiento del 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) que establece la Ley General de Educación como presupuesto del sector.
En un país de instituciones más sólidas y respetuosas de sus funciones, ese comunicado, convertido en anuncio de televisión, no hubiera sido publicado. Y la razón es sencilla: su grado de manipulación de las cifras para inducir a error a la opinión pública constituiría un delito flagrante. No se trata de una interpretación de la que pueda divergirse por razones metodológicas. El comunicado de Hacienda es intencionalmente engañoso y abiertamente político, y esta voluntad aviesa se agrega a las múltiples y fundadas razones del descreimiento ciudadano de los auspiciosos informes de cualquier tipo brindados por el Gobierno.
A la publicación subyacen varias razones desesperadas. Ante la convocatoria del “Lunes amarillo”, del que se podía prever el resultado tomándole el pulso a la efervescencia cívica que lo antecedió, el Ministerio de Hacienda intentó descalificar con sus cifras un reclamo que, por demás, no busca oponer el pasado al presente, sino contribuir con la solución al problema social más notoriamente grave de la República Dominicana: el deterioro progresivo de la educación y la pasmosa erosión de las capacidades intelectivas del recurso humano. Publicando las multimillonarias cifras de los presupuestos asignados a Educación, que no necesariamente ejecutadas, Hacienda construyó una escalera de desproporciones a primera vista impresionantes: desde el primer escalón de 1996, año en que se inaugura la primera administración del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pasando por el interregno de la correspondiente al Partido Revolucionario Dominicano, para culminar con la cima de 2011, penúltimo año de este tercer gobierno peledeísta.
Quiso decir también Hacienda, y eso si ha sido manifiesto en la reproducción de los datos por bocinas e interactivos, que el presidente Leonel Fernández ha hecho por la educación incomparablemente más que lo que hiciera Hipólito Mejía durante su calamitoso gobierno 2000-2004. Otra expresión de la torpeza política de un funcionario y un gobierno indiferentes a los anhelos sociales, de los cuales el reclamo del 4 por ciento para la educación es su última vigorosa expresión.
Pero para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y Vicente Bengoa no lo tuvo. En primer lugar, sus cifras no responden al reclamo ciudadano a favor de la educación. Presenta presupuestos en montos contantes y sonantes, y no lo que esos montos representan como porcentajes del PIB, que es de lo que trata el reclamo cívico. Pirotécnico entrenado en el manejo antojadizo de cifras, Bengoa lanzó su luz de bengala con ánimo de deslumbrar, y solo logró ponerse en penosa evidencia.
Haciendo comparaciones
Dado que el comunicado publicado por Hacienda y su incumbente no explica cómo fueron construidos los datos, es decir, si se refieren al presupuesto específico del Ministerio de Educación o si añaden los gastos en que incurren ministerios como el Obras Públicas en construcción de escuelas, por ejemplo, no puede saberse si la comparación es correcta.
Lo que sí se puede es comparar los datos utilizados por Hacienda, que tienen como fuente la Dirección General de Presupuesto, y los utilizados en 2005 por el economista Jefrey Lizardo, miembro de la Unidad de Análisis Económico del entonces Secretariado Técnico de la Presidencia, hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
En el documento “El gasto social en la República Dominicana 1995-2005: tendencias y desafíos”, Lizardo dedica una parte al análisis del gasto en educación, y construye sus datos tomando como fuente a la Oficina Nacional de Presupuesto, ahora Dirección General de Presupuesto; el Sistema Integrado de Gestión Financiera y el Banco Central de la República Dominicana.
Según este economista, el gasto público del Gobierno Central en educación como porcentaje del PIB fue de 1.9 en 1995; 1.9 en 1996; 2.2 en 1997; 2.5 en 1998; 2.6 en 1999; 2.5 en el 2000; 2.7 en el 2001; 2.9 en el 2002; 1.9 en el 2003; 1.5 en el 2004; y 2.0 en el 2005. De acuerdo con estas referencias, cuyo origen está libre de toda sospecha política, los años de mayor inversión en educación como porcentaje del PIB fueron el 2001 y el 2002, cayendo estrepitosamente durante los de la crisis provocada por la quiebra bancaria. En el lapso 2003-2004, el PIB se contrajo en 1.9 por ciento a precios de 1970, por lo que el descenso del gasto en educación estuvo por debajo del decrecimiento general de la economía.
De conformidad con lo publicado por Bengoa, la inversión en educación en el Presupuesto de 2011 equivaldrá a 2.4 por ciento del PIB, una cifra inferior a la de 1998 y mucho más que la de 2002, respecto de la cual será 0.3 por ciento menor.
Citando siempre a Lizardo, también podría hablarse de la distribución porcentual del gasto del Gobierno Central y la constatación será la misma: no es cierto que el presidente Leonel Fernández sea el mandatario que más preocupación ha mostrado por la educación ni el que ha realizado mayores inversiones.
Lamentablemente, estas cifras acomodadas no fueron ofrecidas por Bengoa en rueda de prensa ni en entrevistas o cualquier otro tipo de comparencia ante los medios de comunicación, sino en espacios pagados con el dinero de los contribuyentes. Reafirman, sin embargo, cuán justo es el reclamo del 4 por ciento: una educación de calidad reduce de manera significativa el número de ciudadanos a los que se les puede tomar el pelo.
En un país de instituciones más sólidas y respetuosas de sus funciones, ese comunicado, convertido en anuncio de televisión, no hubiera sido publicado. Y la razón es sencilla: su grado de manipulación de las cifras para inducir a error a la opinión pública constituiría un delito flagrante. No se trata de una interpretación de la que pueda divergirse por razones metodológicas. El comunicado de Hacienda es intencionalmente engañoso y abiertamente político, y esta voluntad aviesa se agrega a las múltiples y fundadas razones del descreimiento ciudadano de los auspiciosos informes de cualquier tipo brindados por el Gobierno.
A la publicación subyacen varias razones desesperadas. Ante la convocatoria del “Lunes amarillo”, del que se podía prever el resultado tomándole el pulso a la efervescencia cívica que lo antecedió, el Ministerio de Hacienda intentó descalificar con sus cifras un reclamo que, por demás, no busca oponer el pasado al presente, sino contribuir con la solución al problema social más notoriamente grave de la República Dominicana: el deterioro progresivo de la educación y la pasmosa erosión de las capacidades intelectivas del recurso humano. Publicando las multimillonarias cifras de los presupuestos asignados a Educación, que no necesariamente ejecutadas, Hacienda construyó una escalera de desproporciones a primera vista impresionantes: desde el primer escalón de 1996, año en que se inaugura la primera administración del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pasando por el interregno de la correspondiente al Partido Revolucionario Dominicano, para culminar con la cima de 2011, penúltimo año de este tercer gobierno peledeísta.
Quiso decir también Hacienda, y eso si ha sido manifiesto en la reproducción de los datos por bocinas e interactivos, que el presidente Leonel Fernández ha hecho por la educación incomparablemente más que lo que hiciera Hipólito Mejía durante su calamitoso gobierno 2000-2004. Otra expresión de la torpeza política de un funcionario y un gobierno indiferentes a los anhelos sociales, de los cuales el reclamo del 4 por ciento para la educación es su última vigorosa expresión.
Pero para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y Vicente Bengoa no lo tuvo. En primer lugar, sus cifras no responden al reclamo ciudadano a favor de la educación. Presenta presupuestos en montos contantes y sonantes, y no lo que esos montos representan como porcentajes del PIB, que es de lo que trata el reclamo cívico. Pirotécnico entrenado en el manejo antojadizo de cifras, Bengoa lanzó su luz de bengala con ánimo de deslumbrar, y solo logró ponerse en penosa evidencia.
Haciendo comparaciones
Dado que el comunicado publicado por Hacienda y su incumbente no explica cómo fueron construidos los datos, es decir, si se refieren al presupuesto específico del Ministerio de Educación o si añaden los gastos en que incurren ministerios como el Obras Públicas en construcción de escuelas, por ejemplo, no puede saberse si la comparación es correcta.
Lo que sí se puede es comparar los datos utilizados por Hacienda, que tienen como fuente la Dirección General de Presupuesto, y los utilizados en 2005 por el economista Jefrey Lizardo, miembro de la Unidad de Análisis Económico del entonces Secretariado Técnico de la Presidencia, hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
En el documento “El gasto social en la República Dominicana 1995-2005: tendencias y desafíos”, Lizardo dedica una parte al análisis del gasto en educación, y construye sus datos tomando como fuente a la Oficina Nacional de Presupuesto, ahora Dirección General de Presupuesto; el Sistema Integrado de Gestión Financiera y el Banco Central de la República Dominicana.
Según este economista, el gasto público del Gobierno Central en educación como porcentaje del PIB fue de 1.9 en 1995; 1.9 en 1996; 2.2 en 1997; 2.5 en 1998; 2.6 en 1999; 2.5 en el 2000; 2.7 en el 2001; 2.9 en el 2002; 1.9 en el 2003; 1.5 en el 2004; y 2.0 en el 2005. De acuerdo con estas referencias, cuyo origen está libre de toda sospecha política, los años de mayor inversión en educación como porcentaje del PIB fueron el 2001 y el 2002, cayendo estrepitosamente durante los de la crisis provocada por la quiebra bancaria. En el lapso 2003-2004, el PIB se contrajo en 1.9 por ciento a precios de 1970, por lo que el descenso del gasto en educación estuvo por debajo del decrecimiento general de la economía.
De conformidad con lo publicado por Bengoa, la inversión en educación en el Presupuesto de 2011 equivaldrá a 2.4 por ciento del PIB, una cifra inferior a la de 1998 y mucho más que la de 2002, respecto de la cual será 0.3 por ciento menor.
Citando siempre a Lizardo, también podría hablarse de la distribución porcentual del gasto del Gobierno Central y la constatación será la misma: no es cierto que el presidente Leonel Fernández sea el mandatario que más preocupación ha mostrado por la educación ni el que ha realizado mayores inversiones.
Lamentablemente, estas cifras acomodadas no fueron ofrecidas por Bengoa en rueda de prensa ni en entrevistas o cualquier otro tipo de comparencia ante los medios de comunicación, sino en espacios pagados con el dinero de los contribuyentes. Reafirman, sin embargo, cuán justo es el reclamo del 4 por ciento: una educación de calidad reduce de manera significativa el número de ciudadanos a los que se les puede tomar el pelo.
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