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lunes, 23 de abril de 2012

Agarrando por las hojas el rábano de la libertad de prensa



Quienes han enfilado sus cañones contra la tesis de la dictadura constitucional sostenida por Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, incluyen en su inventario de argumentos que bajo un régimen dictatorial sería impensable la libertad de prensa disfrutada en el país. Citan a su favor los periodistas y medios que disienten del gobierno y la libertad con la que emiten sus juicios.

No sé si están plenamente conscientes de ello, pero estos malabarismos de la defensa oficial omiten cuestiones cardinales en la definición, y  sobre todo en el ejercicio, de la libertad de prensa. Cual que sea el motivo, el resultado es que, haciéndose los chivos locos, los oficialistas convierten la disidencia de estas voces en expediente argumentativo y con él debajo del brazo transitan sin sonrojo el camino de distorsión y la manipulación.

No es para nada cierto, y afirmarlo es intelectualmente irresponsable, que la libertad de prensa la defina un grupo de periodistas --en  la República Dominicana reducido--  diciendo cosas que podrían molestar al poder.  Para definir esta libertad tenemos que hablar, como cuestión principal, de aquello que la precede: la libertad de información.

En el mundo de hoy parece haber consenso en que las libertades de información y de prensa son fundamentales en toda sociedad democrática moderna: la ausencia de cualquiera de ellas, por demás indisociables, imposibilita a los ciudadanos emitir o formarse opiniones e intercambiarlas y pervierte el sistema político.

Tan relevante es el tema que ha dejado de ser, tiempo ha, preocupación de periodistas; lo es también de especialistas del Derecho y de organismos internacionales. Por ejemplo, el párrafo 70 de la Opinión Consultiva OC 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 13 de noviembre de 1985, es meridianamente claro al respecto:
“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. (…) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Este derecho se ejerce en realidades atravesadas por los intereses del poder, casi instintivamente proclive a la ocultación y a la opacidad, por lo que el derecho a la información se ha enriquecido con numerosas legislaciones, incluida la dominicana, que incorporan el derecho a la información pública, de modo que los poderes no puedan escapar del escrutinio de la sociedad.

La Corte de Derechos Humanos robusteció sus anteriores posiciones sobre la materia en el fallo del caso Claude Reyes y otros vs. Chile, del 19 de septiembre de 2006, citado por Jorge Córdova Ortega, quien reflexiona como sigue:

“[…] el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso  a la información bajo el control del Estado, con las salvedades  permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.
“Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla […]. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.  Su entrega a una persona  puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado…” (Párr. 77)

Porque es consenso democrático internacional (en el país fementido),  el numeral 1) del artículo 49 de la Constitución dominicana dice:

“1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley”.

¿Qué sucede en el país en esta materia? Veamos lo que dice el Quinto Informe de Monitoreo a la Aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No 200-04), de abril de 2011, publicado por Participación Ciudadana.


“De dichas solicitudes de información, el 35% terminó en “silencio administrativo”, es decir, que ni siquiera respondió a la solicitud; un 4% fue respondida de manera incompleta y 1% fue entregada fuera del plazo establecido en la ley; vale decir, que el 40% de las solicitudes no fueron satisfechas adecuadamente”.


Las características evaluadas eran formales. Nada peligroso para el gobierno, sobre todo si se toma en cuenta que en un aspecto tan sensitivo como el gasto en personal, PC da como buena y válida la nómina publicada en las páginas web. Las nominillas  están en el subsuelo de la informática y no son parte de la “transparencia”.


La experiencia ha sido que cuando las solicitudes de información amparadas en la Ley 200-04 van más allá de las cuestiones inocuas aparece un muro infranqueable. El cuarto informe de la organización cívica sobre el tema incluye reveladores testimonios de las dificultades encontradas por ciudadanos comunes para obtener la información solicitada: todos debieron recurrir a los tribunales de justicia para ejercer un derecho consagrado en el bloque de constitucionalidad dominicano, en la propia Constitución y en nuestras leyes.


Pero hay otro aspecto indesdeñable, pese a que los áulicos oficialistas prefieren hacerse los tontos: el valor que da el gobierno del presidente Leonel Fernández a la opinión pública y el eco que esta tiene en el Ministerio Público. Como ejemplo del desdén presidencial por la opinión ciudadana está su afirmación de que la exigencia del 4% del PIB para la educación es un buen recurso propagandístico, pero no el problema. En cuanto al Ministerio Público, su sordera y ceguera frente a las denuncias documentadas presentadas, por ejemplo, por Nuria Piera, son dignas de figurar en una antología de la infamia. Mandando a paseo la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, ha puesto a los denunciantes contra la pared: les toca a ellos presentar las pruebas de la corrupción mientras las autoridades declinan sospechosamente su responsabilidad primordial de acopiarlas por sus propios medios.

¿Libertad de prensa? Como periodista, no respondería positivamente por la sencilla razón de que el acceso a la información pública, pilar de todo sistema democrático, es parte del decorado de este país de opacidades sin límite. Puedo decir casi lo que quiera, es cierto, pero el poder no me dará acceso a las fuentes para que pueda emitir una opinión informada, ni el Ministerio Público hará absolutamente nada si mi información a la mano compromete a funcionarios.   

No hablemos, finalmente, del dinero que gasta el gobierno de Fernández en financiar su “Red de comunicadores y periodistas con Leonel”, ni de las presiones a los dueños de medios donde trabajan los periodistas que, perversamente,  los cortesanos del peledeísmo exhiben como prueba de que la dictadura constitucional es invento de genuflexos y oportunistas. 

Cuando los que exhiben algunos nombres de periodistas críticos como “prueba” de nuestra “democracia” integren a su defensa del gobierno y su candidato estos problemas, podremos hablar en otro plano. Mientras no suceda, continuaré convencida de que el cerebro espongiforme es el de ellos, no el mío. 

miércoles, 9 de febrero de 2011

La SIP, Manuel Quiroz y la libertad de prensa en la República Dominicana


A la mayoría de los periodistas de mi generación nunca les gustó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Demasiado muñeco del ventrílocuo norteño en épocas en que en las latitudes latinoamericanas el periodismo tenía otros compromisos muy distintos de los que actualmente tiene.

Después, siempre hay un después, terminada la Guerra Fría, la SIP, integrada por empresarios periodísticos, fue despojando su discurso de sus más vergonzosas rémoras político-ideológicas aunque todavía hoy, con demasiada frecuencia, es incapaz de disimular por dónde andan sus verdaderos intereses, invariablemente extraperiodísticos.

La última exhibición de sus partes pudendas es la destitución de Manuel Quiroz, director de El Caribe, de la vicepresidencia por la República Dominicana para sustituirlo, sin ni siquiera avisarlo antes, por Miguel Franjul, director del Listín Diario, adquirido pocos meses atrás por dos poderosos grupos económicos, Corripio y Vicini, y otros accionistas, frente a ellos minoritarios en más de un sentido, entre los que se encuentra Micalo Bermúdez, miembro directivo del Partido de la Liberación Dominicana, y a quien el rumor público atribuye ser representante vicario de dirigentes peledeístas muchísimo más encumbrados.

Si a la intempestiva destitución de Quiroz del cargo en que fue ratificado por la última asamblea de la SIP en noviembre de 2010 no se le busca la quinta pata, pasaría por libérrima decisión estatutaria de Gonzalo Marroquín, el ejecutivo periodístico guatemalteco electo presidente en esa misma reunión. Vale hacer notar que en la ocasión Quiroz advirtió a la SIP de los riesgos para la libertad de prensa y expresión en el país implícitos en las “propuestas” de una comisión nombrada por el presidente Leonel Fernández para modificar toda la legislación de prensa dominicana, discutida hasta ahora solo en los auditorios de la FUNGLODE.

Pero toda historia tiene su intrahistoria. Y la intrahistoria de la destitución de Quiroz puede estarnos advirtiendo de por dónde va la cosa, y muy en serio, para un periodismo dominicano donde ya son pocos los que resisten.

¿Quién es Gonzalo Marroquin? Hasta su elección en la presidencia de la SIP fue el jefe editorial del periódico Prensa Libre, considerado el más conservador de Guatemala, del que renunció para pasar a presidir Corporación de Noticias, una empresa familiar.

Sucede que Luis y Juan Carlos Marroquín, hermanos de Gonzalo, adquirieron en 2009 Corporación de Noticias, en la que participaban como accionistas el grupo costarricense La Nación, editor del periódico del mismo nombre, y los empresarios guatemaltecos Álvaro Castillo, Ramón Campollo, Carlos Paíz y Juan Luis Bosch. Corporación de Noticias edita los periódicos Siglo XXI y Al Día.

Según el informe financiero de La Nación correspondiente al período 2008-2009, Corporación de Noticias era una empresa deficitaria. “Los compradores cancelaron en efectivo lo necesario para pagar todos los pasivos de Corporación de Noticias, incluyendo el pasivo laboral. Esta operación no afectó los resultados del Grupo porque su valor en libros era de un dólar”, según consta en el informe anual de La Nación y subsidiarias. No es palabra de Dios, pero los Marroquín debieron comprar a precio de vaca muerta con un plus de agradecimiento y compromiso imperecedero.

Nada de esto tendría que ver con las posibles razones de la destitución de Quiroz y su sustitución por Franjul si Ramón Campollo no fuera socio del Grupo Vicini en el negocio azucarero. Arrendatario desde antes del Ingenio Barahona, en octubre de 2010 el Grupo Campollo, formando uno con el Grupo Vicini, recibió en arrendamiento 300 mil tareas de tierra de los ingenios Consuelo y Quisqueya por un período de 30 años.

Hay quienes sostienen que entre los propietarios de El Caribe, empresarios santiagueros diversificados y santificados, y el Grupo Corripio, copropietario del Listín Diario junto a los Vicini, existe una soterrada pero virulenta guerra comercial en algunos de los nichos de mercado en los que coinciden. La hipótesis es que cada grupo estaría utilizando los medios que maneja para dirimir estas diferencias, y que Quiroz puede ser un daño colateral.

Al margen de la anterior conjetura, lo cierto es en la actual estructura propietaria del Listín Diario confluyen intereses que, sin necesidad de rizar el rizo, apuntan hacia un ejercicio de influencia que barrió a Quiroz de la vicepresidencia de la SIP con solo –posiblemente, que no seguro— marcar tres o cuatro números telefónicos, uno de los cuales pudo haber sido, en feliz coincidencia, el de un accionista minoritario del Listín Diario.

Y no es que la SIP interese de manera fundamental al destino de la libertad de prensa dominicana. Sucede, tan solo, que son demasiados los indicios que hacen pensar razonablemente que aquí manda quien manda, y lo demás es pura e ingenua tontería. Quiroz, a quien hay que reconocerle un ejercicio digno de la vicepresidencia de la que lo echaron sin contemplaciones, pudo haber sido para Marroquín la ficha que le ordenaron mover en el tablero de los intereses económicos y políticos dominico-guatemaltecos.

Franjul no será piedra en el zapato de nadie y Marroquín posiblemente elimine el amargor de las flagrantes amenazas a la libertad de prensa en la República Dominicana, esas que ni siquiera la SIP puede pasar por alto, disolviendo lentamente en su boca, mientras mueve distraídamente el palito, un enorme y tropical algodón de azúcar.